Durante los últimos 30 años los fanáticos acólitos del credo
neoliberal se dedicaron consciente y sistemáticamente a arrebatarle al pueblo
el derecho a la Salud de calidad. Para ellos se trataba de un lucrativo negocio
privado y, por tanto, había que desmontar los sistemas públicos, reducirle el
presupuesto, convertir los hospitales en tugurios para obligar a la gente a
acudir a las clínicas privadas. Otro tanto pasó con la Educación, con el
sistema de pensiones para permitir el robo descarado de las AFP, con las
cooperativas de ahorro para favorecer a la usura de los bancos, con el
transporte y todo lo demás.
El rol del Estado fue reducido a subsidiario del mercado,
las instituciones corrompidas y los grandes grupos empresariales, a través de
manejos mafiosos, se dedicaron a lucrar y obtener millonarias ganancias sin que
el Perú y su gente les importasen un comino. La gran mayoría de la población
siguió sumida en la pobreza aun cuando las cifras macroeconómicas indicaban una
situación boyante.
Esos mismos empresarios conchabados con los “cuellos
blancos”, compinches del fujimorismo, cófrades del Club de la construcción,
beneficiados con exoneraciones tributarias, con las grandes obras de
irrigación, con la impunidad para arrasar con los bosques, envenenar ríos y
lagunas, atropellar los derechos de las comunidades campesinas y nativas,
impusieron, asimismo, la flexibilización laboral y la política de los
sobrecostos laborales para sobreexplotar a los trabajadores y quitarle sus
derechos conquistados. El modelo que impusieron provocó la gran informalidad
que caracteriza a la economía peruana, el crecimiento del desempleo, el
incremento de la criminalidad y el narcotráfico.
Y ahora, en esta grave crisis y emergencia provocada por el
COVID-19, estos adoradores del becerro de oro no quieren verse afectados en lo
más mínimo y reclaman al Estado, que, con dinero de todos los peruanos, se
proceda al rescate de sus empresas y, además, se les dé carta libre para
proceder a los despidos masivos de trabajadores. No solo eso; pretenden que el
12% del PBI anunciado por el presidente para enfrentar la emergencia sea
manejado por la banca privada, claro está con el consiguiente pago de
comisiones y cobro de intereses por los créditos a otorgar.
El economista Pedro Francke pone en evidencia el
desequilibrio del destino de estos fondos: Mientras que la ayuda social orientada
a los sectores populares alcanza apenas el 0,4% del PBI y el monto anunciado al
auxilio de las pequeñas empresas es de 300 millones de soles, por su parte las
grandes empresas y bancos recibirán 30,000 millones de soles por concepto de
rescate financiero. Asimismo, el presupuesto anual del 2,3% del PIB que recibe
el sector salud, solo será incrementado en menos del 0,2% por esta emergencia.
Es decir que las brechas sociales y contradicciones de clase
no se diluyen en esta emergencia, ni tampoco el contenido de clase de las
decisiones gubernamentales. A estas alturas no es un secreto que, frente a la
falencia del sistema de salud pública, el peso principal de contención del
contagio descansa en la cuarentena y aislamiento social, lo cual coloca en una situación
crítica a los millones de pobladores que no cuentan con el bono, o que el bono
es insuficiente y que se ven impelidos a romper las reglas para poder
sobrevivir. En tales condiciones las medidas restrictivas van a resolverse no
por el lado de la argumentación y el convencimiento, sino por el autoritarismo
que la derecha pretenderá afianzar y extender más allá de la emergencia para
conjurar el riesgo de un desborde popular que exija un cambio verdadero y
opuesto al modelo que se ha impuesto a lo largo de las tres últimas décadas.
Es indudable que una crisis como la presente afecta a todos,
pero las clases dominantes siempre van a pretender mantener sus privilegios y
que el peso principal del desastre lo paguen los más pobres; así ha sido
siempre y así es ahora.
Por ello, resolver el dilema del escenario que se abre
después de la crisis implica una lucha que hay que emprenderla desde hoy,
defendiendo los intereses de los sectores populares, exigiendo que la salud y
educación de calidad se conviertan en derecho inabdicables de los peruanos,
otorgándoles no menos del 6% del PBI, se proceda a la construcción del sistema
nacional de salud pública, se impida los despidos de los trabajadores, se
incremente y extienda el bono a los más necesitados, se preste atención
especial a la pequeña y mediana empresa que generan el mayor porcentaje de
puestos de trabajo, se disponga de ayuda efectiva a los pequeños agricultores,
comunidades campesinas y pueblos indígenas. Solo de este modo se logrará
garantizar la efectividad del aislamiento social, la fortaleza del sistema de
salud pública, garantizar la soberanía alimentaria, a la vez enfrentar el
impacto en la economía, en un proceso donde debe afirmarse la democracia, la
participación del pueblo organizado, conjurando el camino autoritario que
maquinan los sectores reaccionarios.
Por: Manuel Guerra
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