UNA MUTACIÓN NO DEMOCRÁTICA

En la pandemia se han difundido diversos términos que ya son de uso universal, uno de ellos, el paciente cero; primer paciente infectado e hilo de seguimiento para otros posibles contagiados. Los acontecimientos políticos, económicos, sociales y sanitarios, suscitados en el actual escenario del coronavirus también tiene un punto cero; un antecedente, una realidad o una explicación.

Es decir, entramos a la pandemia con tendencias objetivas y una correlación de fuerzas claramente definida; adicionalmente actores poderosos por un lado, débiles y desempoderados por el otro. Martín Vizcarra, dijo en su sexto mensaje el 21 de marzo que esta situación era una guerra. Pues bien, en esta guerra no todos tienen las mismas armas para defenderse; incluso un buen sector, el más desprotegido, no tiene más armas que su deseo de vivir, en realidad sobrevivir a esta coyuntura extraordinaria.

La decisión de iniciar la cuarentena en el Perú el 16 de marzo, anunciada por el propio Vizcarra horas antes, no tuvo nada de originalidad, menos de proeza estratégica como pretenden hacer suponer algunos medios internacionales como la BBC Mundo, Venezuela y Ecuador con distintos resultados comenzaron la cuarentena ese día, en México se adelantaron las vacaciones escolares días antes y en Colombia se suspendieron las clases el 14 de marzo en todos los niveles, después tomarían medidas adicionales.

La pandemia no ha modificado la esencia de sus protagonistas, ni las posiciones de clase, menos los sacrosantos intereses políticos y económicos de los dueños del Perú. No tenía, no podía ser de otra manera. La historia de la lucha de clases de la humanidad está llena de ejemplos al respecto.

Al contrario sectores políticos conjuntamente con grupos empresariales en el Perú han aprovechado las circunstancias tan complicadas, el miedo y la incertidumbre de la gente para alcanzar beneficios, algunos de ellos bajo sospecha de corrupción. Recordamos el asombroso costo de mascarillas de 4.3 millones de soles y las denuncias de compras irregulares en varios hospitales del ministerio de salud.

La gestión gubernamental del coronavirus ha significado un “olvido” de las organizaciones sociales en este proceso, de tal manera que el comportamiento oficial se desenvuelve como si las mismas no existieran, sin convocarlas, sin consultarles, sin ni siquiera mencionarlas. Cero democracia.

El gobierno conformó un llamado comando para atender el Covid19 presidido por una ex ministra de los regímenes de Toledo y Alán García, a su vez este designó a dedo comandos regionales y varios de ellos encabezados por generales del ejército. Los gobernadores del macro región sur del Perú (6) emitieron un comunicado lamentando estos hechos, muy lejos de ser democráticos.

Se pretende hacernos ver a los militares como los salvadores de la crisis sanitaria, hace unas horas se estableció el programa “Te cuido Perú” con la finalidad de vigilar a infectados de coronavirus que permanecen en sus viviendas y a las personas que habitan en ellas.¿ Quién dirige el Programa? el Ministerio de defensa, el ministro del área acaba de informar que los representantes de los otros sectores serán apoyo. Tenemos a militares reemplazando a civiles y a un gobierno cediendo funciones.

Una perla adicional, ahora en el ámbito del trabajo, es el reciente Decreto de Urgencia 038 en el cual se regula la suspensión perfecta de labores, que significa se suspende la obligación del trabajador de prestar servicios; asimismo la obligación del empleador del pago, manteniendo el vínculo laboral. Por supuesto en el ordenamiento legal peruano esta figura la activa sin mayor remedio el empleador. Hemos leído argumentos de importantes funcionarios que debemos cuidar al trabajador pero que más importante es el puesto de trabajo. Mezquindad, lógica neoliberal. Otra vez el costo más alto de la crisis la pagan los trabajadores. Evidentemente esto no puede ser democracia.

UNA VISIÓN, UN CAMINO

Es un mandato revolucionario transformar el mundo, el país. Es una tarea ineludible forjar conciencia, superar las condiciones de estas circunstancias críticas del coronavirus; afirmando una conciencia que entienda los problemas de fondo, el punto cero, el camino del Nuevo Curso hacia el socialismo y por consecuencia la organización a la altura de cumplir esta voluntad emancipadora, asumiendo consecuentemente el legado del Amauta José Carlos Mariátegui.

Por: Eleazar Briceño

LUCHA DE CLASES EN TORNO AL CORONAVIRUS

Durante los últimos 30 años los fanáticos acólitos del credo neoliberal se dedicaron consciente y sistemáticamente a arrebatarle al pueblo el derecho a la Salud de calidad. Para ellos se trataba de un lucrativo negocio privado y, por tanto, había que desmontar los sistemas públicos, reducirle el presupuesto, convertir los hospitales en tugurios para obligar a la gente a acudir a las clínicas privadas. Otro tanto pasó con la Educación, con el sistema de pensiones para permitir el robo descarado de las AFP, con las cooperativas de ahorro para favorecer a la usura de los bancos, con el transporte y todo lo demás.

El rol del Estado fue reducido a subsidiario del mercado, las instituciones corrompidas y los grandes grupos empresariales, a través de manejos mafiosos, se dedicaron a lucrar y obtener millonarias ganancias sin que el Perú y su gente les importasen un comino. La gran mayoría de la población siguió sumida en la pobreza aun cuando las cifras macroeconómicas indicaban una situación boyante.

Esos mismos empresarios conchabados con los “cuellos blancos”, compinches del fujimorismo, cófrades del Club de la construcción, beneficiados con exoneraciones tributarias, con las grandes obras de irrigación, con la impunidad para arrasar con los bosques, envenenar ríos y lagunas, atropellar los derechos de las comunidades campesinas y nativas, impusieron, asimismo, la flexibilización laboral y la política de los sobrecostos laborales para sobreexplotar a los trabajadores y quitarle sus derechos conquistados. El modelo que impusieron provocó la gran informalidad que caracteriza a la economía peruana, el crecimiento del desempleo, el incremento de la criminalidad y el narcotráfico.

Y ahora, en esta grave crisis y emergencia provocada por el COVID-19, estos adoradores del becerro de oro no quieren verse afectados en lo más mínimo y reclaman al Estado, que, con dinero de todos los peruanos, se proceda al rescate de sus empresas y, además, se les dé carta libre para proceder a los despidos masivos de trabajadores. No solo eso; pretenden que el 12% del PBI anunciado por el presidente para enfrentar la emergencia sea manejado por la banca privada, claro está con el consiguiente pago de comisiones y cobro de intereses por los créditos a otorgar.

El economista Pedro Francke pone en evidencia el desequilibrio del destino de estos fondos: Mientras que la ayuda social orientada a los sectores populares alcanza apenas el 0,4% del PBI y el monto anunciado al auxilio de las pequeñas empresas es de 300 millones de soles, por su parte las grandes empresas y bancos recibirán 30,000 millones de soles por concepto de rescate financiero. Asimismo, el presupuesto anual del 2,3% del PIB que recibe el sector salud, solo será incrementado en menos del 0,2% por esta emergencia.

Es decir que las brechas sociales y contradicciones de clase no se diluyen en esta emergencia, ni tampoco el contenido de clase de las decisiones gubernamentales. A estas alturas no es un secreto que, frente a la falencia del sistema de salud pública, el peso principal de contención del contagio descansa en la cuarentena y aislamiento social, lo cual coloca en una situación crítica a los millones de pobladores que no cuentan con el bono, o que el bono es insuficiente y que se ven impelidos a romper las reglas para poder sobrevivir. En tales condiciones las medidas restrictivas van a resolverse no por el lado de la argumentación y el convencimiento, sino por el autoritarismo que la derecha pretenderá afianzar y extender más allá de la emergencia para conjurar el riesgo de un desborde popular que exija un cambio verdadero y opuesto al modelo que se ha impuesto a lo largo de las tres últimas décadas.

Es indudable que una crisis como la presente afecta a todos, pero las clases dominantes siempre van a pretender mantener sus privilegios y que el peso principal del desastre lo paguen los más pobres; así ha sido siempre y así es ahora.

Por ello, resolver el dilema del escenario que se abre después de la crisis implica una lucha que hay que emprenderla desde hoy, defendiendo los intereses de los sectores populares, exigiendo que la salud y educación de calidad se conviertan en derecho inabdicables de los peruanos, otorgándoles no menos del 6% del PBI, se proceda a la construcción del sistema nacional de salud pública, se impida los despidos de los trabajadores, se incremente y extienda el bono a los más necesitados, se preste atención especial a la pequeña y mediana empresa que generan el mayor porcentaje de puestos de trabajo, se disponga de ayuda efectiva a los pequeños agricultores, comunidades campesinas y pueblos indígenas. Solo de este modo se logrará garantizar la efectividad del aislamiento social, la fortaleza del sistema de salud pública, garantizar la soberanía alimentaria, a la vez enfrentar el impacto en la economía, en un proceso donde debe afirmarse la democracia, la participación del pueblo organizado, conjurando el camino autoritario que maquinan los sectores reaccionarios.

Por: Manuel Guerra

SECTORES SOCIALES EN TIEMPOS DE CORONAVIRUS (COVID-19)

La pandemia del nuevo coronavirus ha trastocado el sistema y modelo imperante en el mundo y cada uno de los países en la medida que pone en el centro del debate la vida del ser humano, una disyuntiva entre la vida y la muerte, por ende el rol de la salud, la educación y la seguridad social en tiempos de crisis o de la pandemia del COVID-19. 

Las respuestas de los gobiernos no se han dejado esperar con medidas drásticas como el confinamiento o distanciamiento social incluido los estados de excepción o emergencia para contrarrestar o mitigar la expansión de la epidemia en mención.

Como toda crisis tiene dos dimensiones la dificultad y la oportunidad, la primera constatación que surge es la fragilidad de los sistemas de salud, educación y seguridad social en países como el nuestro de hegemonía neoliberal, como consecuencia del abandono de parte del Estado por más de tres décadas a la Salud, la Educación y Seguridad Social públicas gratuitas, de calidad para todos. Ha desnudado la inviabilidad e insostenibilidad de la salud, la educación y seguridad social como mercancía, sujeto a leyes del libre mercado de la oferta y la demanda.

Los mercaderes de la educación, la salud y la seguridad social están a la defensiva sujetos a las decisiones del gobierno y el Estado, ven el peligro de sus fines lucrativos, la rentabilidad de sus ingresos, la competencia desleal, lo más preocupante la incertidumbre en que se encuentran porque en adelante la agenda del fortalecimiento de la educación, la salud y la seguridad social públicas, gratuitas y de calidad para todos, no sólo es una necesidad sino un imperativo.

La solidaridad para el sector empresarial que ha acumulado ingentes recursos económicos a costa de los trabajadores y las privatizaciones es inexistente en tiempos de coronavirus y post coronavirus. La mejor demostración es la respuesta de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs) que esgrimen diversos argumentos para desvirtuar la devolución parcial de los fondos de Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) propuesto por el gobierno y el silencio cómplice de los grandes consorcios educativos privados.

La centralidad de la persona como fin supremo de la sociedad, el valor de la vida, la relación armoniosa del hombre con la naturaleza, preservar el ambiente, la realización como ser humana, el desarrollo o superación profesional, técnica, laboral, el trabajo digno, el acceso a los servicios sociales de calidad, la cultura y la belleza son consustanciales a todos los seres humanos. 

Tres décadas de neoliberalismo en el Perú ha significado la negación de los derechos fundamentales de la persona, corroborando la sentencia del Papa Juan Pablo II de entonces, que el neoliberalismo era expresión del capitalismo salvaje.

En ese sentido,  las reformas políticas a plantearse de fondo, las decisiones políticas, los recursos financieros y la voluntad política tiene que ir orientado a la construcción de nuevos hospitales y Centros de Salud, la reconstrucción, la ampliación y de mejoramiento de su infraestructura, el acceso a servicios sanitarios básicos, su respectivo equipamiento para cubrir las brechas en este aspecto; acceso a las nuevas tecnologías, la dotación del personal idóneo con Médicos, Enfermeras, Técnicos y trabajadores administrativos y de servicios con remuneraciones dignas, actualización permanente, su formación en servicio y comprometidos con la salud pública y el desarrollo del país. Servicios públicos de salud, de calidad para todos, en el marco de la concepción de la salud como derecho humano y no como mercancía.

En el terreno de la educación, hay muchos aspectos que evidencian la vigencia de propuestas de cambio social:

La educación como derecho humano, como factor clave y vehículo del desarrollo económico, político, social y cultural de un país, la mejor demostración de  países de la órbita capitalista y socialista, de post guerras mundiales que han salido a flote es debido a políticas de Estado orientadas a priorizar la educación, por invertir en educación, por revalorar y dignificar a los educadores y los trabajadores en el sector educación, por vincular a la educación con el proyecto desarrollo de sus respectivos países a mediano y largo plazo, con políticas de Estado que trascienden a los gobiernos de turno, además de invertir en la investigación en el campo científico y tecnológico.

El neoliberalismo en educación no sólo ha mercantilizado sino que ha promovido el individualismo, la alienación y enajenación en la juventud, la competencia desleal, el arribismo, el pragmatismo utilitario, dejando de lado la conciencia con los grandes valores e ideales de bienestar, soberanía, justicia social, democracia, solidaridad, moralización, seguridad ciudadana, descentralización e identidad nacional.

La educación para cubrir el enorme déficit de infraestructura y equipamiento con relación a las brechas existentes en la actualidad, requiere invertir en lo que respecta a la construcción, reconstrucción, ampliación, mejoramiento, mantenimiento, equipamiento de las instituciones educativas con laboratorios, bibliotecas, aulas de innovación pedagógica con computadoras personales (laptop), proyectores multimedia, acceso a servicios sanitarios básicos, acceso a servicios de internet con suficiente cobertura. 

En Instituciones de Jornada Escolar Completa (JEEC) resolver la alimentación escolar de los estudiantes mediante comedores estudiantiles teniendo en consideración al horario prolongado y la situación socio económica de los padres de familia de las escuelas públicas.

No existen reformas educativas sin educadores, Auxiliares de educación, trabajadores administrativos y de servicios dignamente reconocidos, valorados y obviamente remuneradas como sujetos de derechos, de los educadores como profesionales e intelectuales, con actualizaciones permanentes, con formación inicial y continua de calidad, con identidad institucional y desempeño profesional competente en su dimensión metodológica, investigativa y orientadora.

La triada escuela, familia y comunidad, no es un simple enunciado, para tener el éxito educativo, es necesario del concurso de estos tres componentes: la escuela como la institución organizada para llevar implementar el currículo, la familia como núcleo fundamental de la sociedad y la comunidad con sus instituciones asume el rol de la sociedad educadora, vale decir la educación como tarea de todos.

Con relación a la educación a distancia, en la educación no formal,  es decir fuera de los marcos institucionales de la escuela, asume un rol importante los medios de comunicación de masas, sin embargo, su contribución a la educación y cultura, recreación entretenimiento es mínima o escasa, por el contrario, predomina básicamente en los medios de comunicación de alcance nacional la ausencia de contenidos educativos y culturales, resalta la difusión de los antivalores y su rol meramente informativo, no existe coherencia ni coordinación entre lo que orienta el Ministerio de Educación y los medios de comunicación de masas. 

Si hay que valorar a la pandemia del coronavirus en este aspecto, ha permitido poner en debate y rescatar a educación a distancia a través de la televisión y radio que se había dejado décadas atrás, hoy se hace realidad mediante el programa “Aprendo en Casa” que sin duda se irá perfeccionando y darle continuidad será un reto, comprometiendo a los medios de comunicación de alcance local, regional y nacional. Los medios de comunicación son agentes formadores de las personas que influyen en la consciencia de las mismas, por ende su contribución para complementar y fortalecer lo que hace la educación institucionalizada desde educación inicial hasta la superior es clave.

Con relación a la educación virtual haciendo uso del internet con las Tecnologías de la Información y la Comunicación, es muy importante que complementa la labor de la escuela y de los educadores. Es un reto a tomar en cuenta, los avances vertiginosos de la ciencia y la tecnología en la educación, en la escuela y el hogar que contribuyan a la formación de calidad de nuestros estudiantes, entornos virtuales generados por las TICs, plataformas virtuales, herramientas y recursos virtuales que permiten complementar y optimizar el proceso pedagógico. La plataforma virtual “Aprendo en casa” es una nueva experiencia de poner al servicio de la educación el uso de nuevas tecnologías vía internet por parte del Ministerio de Educación. 

Los profesores, padres de familia, la familia en su conjunto juegan un rol importante en guiar a los menores. Obviamente no llegará a todos pero el sector social que cuenta con computadoras y/o celulares con acceso a internet, serán beneficiados.

La seguridad social y el sistema pensionario también están en cuestión. Se advirtió que las AFPs no eran la mejor alternativa como régimen pensionario para los trabajadores que aportan mensualmente montos exorbitantes como es el 13% de sus ingresos, siendo un fondo individual forzado, administrado por empresas privadas con fines de lucro, donde el fondo individual está sujeto a los años de aporte que no necesariamente cubrirá todos los años de existencia del pensionista dependiendo de las cláusulas del contrato, donde el descuento por  comisiones son mecanismos de lucro de las AFPs, el aval del Estado por permitir que el 50% de sus acciones pueden ser invertidos en el extranjero y tener la posibilidad de jugar dichas acciones con la bolsa de valores, ponen en riesgo latente los fondos de los trabajadores y pensionistas. No es casual que han dado grito al cielo cuando se ha planteado el adelanto a los trabajadores del 25% de las CTS. La realidad de las pensiones de trabajadores tanto del sistema de privado (AFP) y el Sistema Nacional del Pensiones (ONP) son irrisorias que están en promedio por debajo de la Remuneración Mínima Vital de los 930 soles, en el magisterio en particular hay pensiones de 400 o 500 soles, montos que resultan insultantes para la dignidad de las personas y profesionales. Razón suficiente para la reforma integral pensionaria en nuestro país y el acceso a servicios de calidad en EsSalud. 

Las pensiones deben ser el equivalente a la remuneración de la primera escala de los maestros y similar para los auxiliares de educación, trabajadores administrativos y de servicios. La gran diferencia del Sistema Nacional de Pensiones que si bien descuenta a los trabajadores en el orden del 13% de sus ingresos pero el fondo pensionario es común y solidario  a cargo del Estado, de tal modo que garantiza su pensión hasta el último mes de su existencia.

 Por: Nilver Lopez Amez

SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES: DESNATURALIZACION Y ESTAFA

Luego de 27 de años de creación podemos aseverar que en lugar de llamarse como Sistema Privado de Pensiones (SPP) debería haberse llamado Sistema Privado de Ahorro Forzoso (SPA).
En su nacimiento (fines de 1992), los empresarios de las AFPs decían que las pensiones otorgadas iban ser superiores o mejores a las otorgadas por el D.L. 20530 y el D.L. 19990. Y con el apoyo incondicional de los medios masivos de comunicación y del Estado (Parlamento y Ejecutivo), lograron captar cerca de 4 millones de personas. Ahora no se garantiza la pensión. Hoy se habla que solamente habría 2 millones y medio de aportantes.

El señor Presidente de la República, en el periodo estado de emergencia ha manifestado que las AFPs deberán devolver hasta 2000 soles de fondos o aportaciones realizados a favor de alrededor de 2 millones y medio de personas. Y en el Congreso de la República han presentado un proyecto de ley para que devuelvan las aportaciones realizadas.

En sus inicios el Sistema Privado de Pensiones creado por D.L.N° 25897, que se encuentra vigente desde fines de 1992 y su Texto Único D.S.N° 054-2007-EF, establecían que para tener una pensión mínima el aportante debe tener 65 años de edad y 20 años de aportación mínima y dicha pensión tendrá hasta donde alcance su fondo individual. No hay jubilación adelantada, salvo que el trabajador se encuentre desempleado durante un año y tenga como mínimo 55 años y 20 años de aportaciones. En cualquier caso, estaría bajo el retiro programado.

Como se puede deducir, las AFPs no garantizaban las pensiones adecuadas o dignas, porque el mismo D.L.N° 25897 y las normas posteriores que modificaron o ampliaron, solamente estaban para el enriquecimiento de los administradores de fondo de pensiones. Incluso llegando al extremo de captar o inscribir a trabajadores que recién iniciaban a laborar ( Ley N° 26504), si en caso no solicitaban pertenecer al Sistema Nacional de Pensiones del D.L.N° 19990 dentro de los 10 días de haber iniciado a laborar. Es decir, inscribir sin su consentimiento y bajo el amparo de los neoliberales privatizadores que se encontraban en el aparato estatal. En el fondo para desmantelar a la ONP.

Conforme han transcurrido los fondos de pensiones (ahorros) fueron invertidos en diversos rubros de las entidades (empresas) privadas nacionales e internacionales y lógicamente obteniendo jugosas utilidades y sin favorecer las pensiones de manera indefinida.

Luego en los últimos años mediante la Ley N° 30425, la AFPs pueden otorgar pensiones programadas o retiro de 95.5 % de sus aportaciones a favor de aquéllos que tienen requisitos. Con dichos actos si el aportante decide por la pensión ya sabemos que es una pensión baja y nada digno; y si retira las aportaciones, las AFPs no tienen la obligación de otorgar la pensión por que se extinguió. De simple se “lavan la mano” . Claro ya ganaron y no les interesa los millones de aportantes, es decir, el ser humano no es el centro de su atención, sino la ganancia o el lucro.

En el supuesto caso, que devuelvan las aportaciones, la pregunta es: ¿cuánto será? . En su mayoría se calcula entre 20 000 hasta 80 000 soles. También en el supuesto que un aportante tenga 65 años y viva 10 años más, ¿cuánto tiempo durará las cantidades devueltas? . En el mejor de los casos hasta 3 años. ¡Se acabó el ahorro devuelto y sin pensión!.

Por eso, señalamos que las AFPs no tiene nada de sistema de pensiones. En razón que la figura legal y ética de pensión ( parte importante del sistema de seguridad social) HA SIDO DESNATURALIZADO o distorsionado a “vista y paciencia” de los gobiernos neoliberales de Fujimori, Toledo, A, García, O. Humala, PPK y el actual gobierno de Vizcarra; y lógicamente con la anuencia y sumisión del Parlamento de la República. Los dueños de las AFPs, como Romero, Boloña y otros, hacen y deshacen de dicho sistema. He ahí la estafa del siglo de los privatizadores bajo el manto de la teoría de los hechos cumplidos que es la base de la actual Constitución Política del Perú en contra de los derechos adquiridos.

Como se comprenderá el asunto de fondo no son las devoluciones de las aportaciones, sino son las pensiones que están en tela de juicio. Al devolver se resolverá coyunturalmente la situación de miles de aportantes, pero no garantizará ninguna pensión de la inmensa mayoría que aportaron 15, 20, 25, 30 o más años.

¿Qué se debe proponer?
La alternativa viable es una reforma pensionaria que garantice pensiones dignas, desechando al Sistema Privado de Pensión porque han fracasado y no tienen ninguna alternativa, salvo para defender sus utilidades o ganancias.

Dicha alternativa debe pasar por retomar los principios del Sistema de Seguridad Social, como son: solidaridad, Universalidad, Integralidad, Unidad, Imprescriptibilidad, Igualdad, Inmediación y transparencia.

La administración debe estar a cargo del Estado con la participación de los aportantes y/o pensionistas.

Específicamente, en razón que las AFPs no garantizan las pensiones, la desafiliación debe proceder para garantizar las pensiones. Y mientras dura el proceso de desafiliación y la transferencia, los retiros de las aportaciones deben ser voluntarios. La devolución o la desafiliación a los aportantes con menos de 20 años deben ser de inmediato.

Por: Emeterio Leon Arone.