Amenos de veinticuatro horas de
que comiencen las elecciones en Bolivia, la situación política está cada vez
más tensa. Aunque la decisión de Jeanine Áñez de declinar su candidatura ha
fortalecido la posición del probable candidato en segundo lugar (Carlos Mesa),
todas las encuestas de opinión siguen señalando como vencedora a la fórmula del
MAS (Luis Arce Catacora – David Choquehuanca), incluso con algunas indicando
que lo lograría en primera ronda.
El canal de medios privados
UNITEL, por ejemplo, difundió la encuesta realizada por la encuestadora
Ciesmori, en la que el MAS obtendría un 42,2% en primera vuelta, seguido de
Carlos Mesa con 33,1% y el candidato de extrema derecha, Fernando Camacho, con
16,7%. En el análisis desagregado por regiones, el estudio señala que el MAS
replicaría la victoria lograda por Evo Morales en octubre de 2019 y obtendría
mayoría en seis de las nueve regiones de Bolivia, mientras que la provincia de
Santa Cruz sería conquistada por Camacho y las regiones de Tarija y Chuquisaca,
por Mesa.
Los resultados obtenidos por los
estudios de Tu Voto Cuenta mostraron números similares, con Arce con el 42,9%
de los votos, seguido del 34,2% de Mesa y el 17,8% de Camacho, excluyendo los
votos en blanco y los indecisos. La consultora IPSOS pronosticó para Arce un
34% de los votos, para Mesa el 27,9% y para Camacho 13,8%, pero excluyendo los
votos indecisos y en blanco esas cifras vuelven a ser muy similares a las
anteriores, con el 42,2% para Arce y el 34,7% para Mesa. El grupo de expertos
de la CELAG que se especializa en la investigación de encuestas de opinión y
mapas electorales en América Latina arribó, a grandes rasgos, a las mismas
cifras: Arce 44,4%, Mesa 34% y Camacho 15,2%.
Las consultoras, por lo general,
además, tienden a infravalorar el peso de los electores y electoras residentes
en áreas rurales, así como el de las más grandes comunidades de bolivianos y
bolivianas en el exterior (particularmente las de Argentina y Brasil). En ambos
casos, el apoyo al MAS es mayoritario. En circunstancias normales y en una
elección justa, esos votos significarían para el partido de Evo Morales escalar
hasta una cifra más cercana al 47% de los votos (tal como sucedió en la
elección anterior) o quizás aún más, dado el rechazo generalizado hacia las
políticas neoliberales del régimen de Áñez.
Pero desde fines de 2019 que
Bolivia no atraviesa circunstancias normales, y la transparencia de las
elecciones no está en absoluto garantizada. Aunque breve, la experiencia de
Áñez en la presidencia arroja una larga lista de casos de corrupción,
violaciones de los derechos humanos, de la Constitución, una pésima
administración de la pandemia del COVID-19 y una severa crisis económica,
exacerbada por los intentos de privatizar algunas de las principales industrias
del sector público de Bolivia (particularmente, la compañía de gas y petróleo
YPFB, nacionalizada en 2006).
A medida que se acerca la fecha
señalada para los comicios, y ante el escenario previsto por las encuestadoras,
las operaciones políticas y mediáticas se han multiplicado. Así se refleja en
el portal de Página Siete, por ejemplo, que con fecha del 13 de octubre titula
«si el MAS pierde, saldrá a ‘matar gente’, según el Ministro de justicia». La
misma estrategia sigue La Razón, que tres días después publicaba: «‘en caso de
que ellos utilicen armas, nosotros también estamos listos para el uso de
armas’». La connivencia entre los grandes medios de comunicación y el gobierno
de facto queda cada vez más expuesta, y los dichos en Twitter del ministro de
gobierno Arturo Murillo apuntan en la misma dirección y no escatiman en
amenazas: «advertimos a los agitadores y gente que busca generar violencia, no
son bienvenidos. Los ponemos en un avión o entre rejas. Compórtense, sabemos
quiénes son y dónde están».
Sin ir más lejos, en horas de la
noche de este 16 de octubre la delegación de diputadas y diputados argentinos
que viajó en carácter de veedora de las elecciones invitada por la Presidenta
del Senado de Bolivia, Eva Copa, fue detenida en La Paz. Federico Fagioli,
diputado nacional por el Frente de Todos, declaró que al arribar al aeropuerto
de El Alto las fuerzas de seguridad lo retuvieron, lo violentaron y le quitaron
sus pertenencias, pese a disponer de una invitación oficial y todos los papeles
en regla. «Es otro claro ejemplo de la avanzada de las derechas sobre la
democracia en nuestro continente», declaró el diputado argentino, antes de que
intentaran llevarlo detenido sin justificación alguna en medio de la noche. El
presidente argentino, Alberto Fernández, ha expresado que «es directa
responsabilidad del gobierno de facto de Jeanine Áñez preservar la integridad
de la delegación argentina».
Reacciones desesperadas de una
derecha que le teme a la democracia pero que, justamente por ello, no debe ser
tomada a la ligera. Más de 51 mil bolivianos y bolivianas en el exterior han
sido impedidos de registrarse para votar por el gobierno de facto, 25 mil de
los cuales residen actualmente en la Argentina. El Tribunal Supremo Electoral
(TSE) también descalificó para votar, en marzo de este año, a 147 mil personas
residentes en Bolivia. En las condiciones actuales, atravesadas por la pandemia
y la cuarentena, la solicitud de rehabilitación para registrarse en el padrón
se hace casi imposible.
No sorprendería tampoco que las
poblaciones del campo, particularmente en las provincias del altiplano, que han
votado tradicionalmente por el MAS, sufran algún intento de impedir su normal
participación en el proceso electoral. La provincia tropical de Chapare, en
Cochabamba (bastión tradicional del MAS), ha sido atacada sistemáticamente por
el régimen de Áñez desde que inició el golpe de Estado. Se ha reportado un
número creciente de ejercicios militares y movimientos de tropas en la región a
lo largo de todo el año que, según los dirigentes sindicales locales de las
seis federaciones de cocaleros, tiene por objetivo intimidar a la población
rural.
USAID, la agencia financiada por
el gobierno de los Estados Unidos, que bajo el gobierno de Evo había sido
vetada para operar en Bolivia, fue ahora convocada por Áñez para supervisar y
monitorear las elecciones. Esta agencia, junto con el Endowment Fund for
Democracy (NED), cuenta con una larga historia de respaldo a grupos políticos y
de la sociedad civil pronorteamericanos, tanto a través de financiamiento
directo como de la validación de procesos electorales fraudulentos (como
sucedió en Honduras en 2017).
El actual presidente del TSE,
Salvador Romero, es íntimo amigo de Carlos Mesa y fue designado por el
expresidente como titular de la Corte Nacional Electoral (CNE) en 2003. También
exhibe una larga trayectoria de cooperación con agencias financiadas por
Estados Unidos y la OEA en América Latina. Romero ha estado presente también en
Honduras durante los años 2011 y 2014, sirviendo como director del Instituto
Nacional de Democracia (NDI), financiado por la NED, y en las fraudulentas
elecciones de 2013 se desempeñó como supervisor. En los cables diplomáticos
filtrados por Wikileaks, se reveló que entre 2006 y 2008 Romero fue informante
del exembajador de Estados Unidos, Philip Goldberg. Que tenga una postura
neutral, transparente hacia el proceso electoral, por lo tanto, es muy poco
probable.
El TSE, además, ha reemplazado el
sistema de resultados preliminares (TREP), utilizado durante las elecciones de
octubre de 2019, por uno nuevo, el DIREPRE, sancionado por Naciones Unidas.
Jake Johnson, investigador asociado del CEPR que había formado parte del equipo
de investigadores que demostró que la OEA falsificaba sus afirmaciones sobre el
«fraude» durante las elecciones de 2019, ha señalado que el nuevo sistema es
menos confiable que el anterior, al hacer imposible que los observadores
verifiquen rápidamente la precisión del voto, comparando copias impresas de las
actas con imágenes publicadas en línea.
El gobierno de facto está
coordinando el proceso electoral con la OEA, cuya observación del proceso de
octubre de 2019 y sus falsas afirmaciones sobre el carácter fraudulento de
aquellos resultados fue determinante en la legitimación del golpe de noviembre.
La visita de Arturo Murillo a Estados Unidos y el encuentro con el Secretario
General de la OEA, Luis Almagro, constituye otra muestra clave de la estrecha
colaboración del régimen de Áñez con las autoridades de ese organismo. Luis
Almagro ha manifestado, incluso, que «existe la posibilidad de que el MAS
intente robar los resultados electorales», lo que (según el director del CEPR,
Mark Weisbrot) significa que Almagro y compañía no tienen ningún prurito de
repetir la jugada, invocando la carta de la OEA y el derecho internacional con
el fin de anular el resultado de las elecciones en base a datos falsos.
Todo esto sin olvidar los
numerosos intentos para impedir que el MAS y sus líderes participen del proceso
electoral. Sin ir más lejos, tanto el expresidente Evo Morales como el
excanciller Diego Pary fueron descalificados para presentarse como candidatos
al Senado en las regiones de Cochabamba y Potosí respectivamente, a pesar de
cumplir con todos los requisitos legales y haber presentado todos los
documentos necesarios en tiempo y forma. También el candidato al Senado en
Cochabamba, Andrónico Rodríguez, ha enfrentado intentos de persecución. Luis
Arce Catacora, por su parte, fue amenazado con la inhabilitación en numerosas
ocasiones, antes y durante la campaña electoral. Arce comentó que las encuestas
internas de su partido señalaban al MAS como ganador, acción que sus opositores
políticos consideraron «ilegal según las leyes electorales del país». Aunque el
TSE finalmente falló a favor del MAS el día 5 de octubre, esto no impidió a
grupos de la oposición realizar protestas violentas contra el MAS y las
autoridades electorales en la ciudad de Sucre.
Militantes y dirigentes del MAS
han sido constantemente acosados por varios grupos armados y miembros de la
oposición de extrema derecha desde el golpe de Estado. La Unión Juvenil de
Santa Cruz (UJC), la Resistencia Juvenil de Cochabamba (RJC) y el Movimiento de
Resistencia en La Paz han sido responsables por ataques al MAS y sus
simpatizantes en reiteradas ocasiones. Luego de criticar los abusos contra los
derechos humanos perpetrados por el régimen de Áñez, la misma Defensoría del
Pueblo ha sido hostigada por un grupo violento llamado «Valkyria».
Tal atmósfera de violencia e
intimidación difícilmente augure un resultado electoral justo y transparente. A
esta altura, probablemente, la pregunta sea por qué ninguno de todos estos
escandalosos hechos ha ocupado las portadas de los periódicos. La respuesta es
simple: desde el inicio del golpe, los medios de comunicación críticos con el
régimen de Áñez han sido continuamente censurados y los periodistas –bolivianos
y extranjeros– perseguidos. Tanto Telesur como Rusia Today han visto revocadas
sus licencias de transmisión durante las semanas posteriores al golpe del 10 de
noviembre. Más de cincuenta y tres radios comunitarias fueron cerradas por el
régimen de Áñez en el transcurso de enero de este año. Periodistas de todo el
mundo sufrieron constantes abusos por turbas a favor de los golpistas y
Sebastián Moro, argentino, fue asesinado.
Finalmente, el gobierno ha
prohibido cualquier manifestación pública 48 horas antes y después de las
elecciones, como forma de intentar asegurarse la ausencia de una respuesta
política, callejera, a las posibles denuncias de fraude por parte de los
movimientos sociales del país.
Que el gobierno de facto o sus
aliados políticos consigan «ganar» las elecciones por medio del fraude y la
intimidación o abortar el resultado por completo mediante una intervención de
última hora por parte de sus aliados en el ejército y la policía depende de la
fuerza de los movimientos sociales y sindicales. Las masivas protestas de
agosto de este año demostraron que aún frente a amenazas de severa represión y
violencia por parte de las fuerzas estatales, las históricamente poderosas
organizaciones sociales bolivianas son capaces de paralizar casi por completo
al país. Y si el camino elegido por el gobierno de facto es el de la
manipulación y el fraude, el de robar la victoria al Movimiento al Socialismo, no
se quedarán calladas. Este domingo, la democracia se juega una parada decisiva
en Bolivia. El mundo entero está mirando.
Por: Denis Rogatyuk y Florencia
Oroz
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